La ley Omnibus, o como reducir la calidad de los servicios por Real Decreto.

Yo, me confieso, además de afiliado a UPyD (Unión progreso y democracia) soy “intervencionista” , no creo en la “mano invisible” que, decía el Sr. Smith, se encarga de formar providencial de armonizar la maquina económica sin que sea necesaria la intervención de autoridad alguna.; pero tampoco creo que el estado se deba convertir en empresario (poner televisión municipal, periódico, etc…)
Es por tanto que cuando a mediados de diciembre, el partido de Zapatero aprobó la ley ómnibus me sentí intranquilo, inquieto. Esta deriva del informe Bolkestein, que pasa a convertirse en Directiva comunitaria (2006-213-CE) y que se transpone en la Ley Omnibus, cuya traducción del latín seria “para todos”; y créanme si les digo que no dejará indiferente a nadie; pero lo cierto es que salvo la contestación de los taxistas esta ley se ha impuesto sin que zapatero tenga que atusarse su repeinado ni una sola vez.
La ley en sí, trata de dar una nueva vuelta de tuerca a la liberalización del mercado en Europa; y nuestro gobierno tan conservador para unas cosas ha sido más papista que el papa y se ha convertido en adalid de la liberalización del mercado, aplicando hasta extremos que la directiva no indica, sus preceptos liberalizadores; amen de, como suele hacer con frecuencia, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” y modificar tal o cual ley, entre otras la de parques naturales, que tiene que ver a la liberalización del mercado como los huevos a las castañas pilongas.
Con lo de izquierdas que somos en este país, me ha sorprendido que tan solo los taxistas se levanten en armas contra ella y el artículo 21 de la misma, aunque lo suyo clama al cielo, en particular porque la directiva les exime de su inclusión, según reza el punto (21) de la misma, estarán excluidos “Los servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias” pero el gobierno de zapatero los ha incluido, seguramente por “el artículo 33”. Lo cierto es que la ley afecta a multitud de profesionales y sobre todo a los usuarios, y la única explicación que me cabe a tanta apatía ciudadana es que uno puede leer en el punto (2) de la directiva que se realiza “…Para fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea resulta esencial un mercado competitivo de servicios…”; en este sentido el ciudadano de a pie preocupado muy mucho por el suyo propio, el empleo, acepta barco como animal acuático, aunque para ello la directiva y por tanto la Omnibus, desproteja a los usuarios eliminando el conjunto de sistemas, de normas, de registros, que permitían que los servicios fueran de calidad, o cuanto menos el usuario estuviera respaldado, protegido por su administración; deja en precario los derechos adquiridos por los trabajadores, y los funcionarios dedicados al control no saben si serán inspectores de la nueva situación o se les seguirán encargando nuevas encomiendas burocraticas.
Podemos discrepar de que la ley no desprotege a los usuarios, en tanto creamos que no reduce los “niveles” de calidad, de protección, de seguridad, etc… pero lo cierto es que la norma no pretende mejorar la calidad de un servicio mediante mayores exigencias, lo hará mediante “la certificación voluntaria de las actividades o la elaboración de cartas de calidad”, así como mediante “la elaboración de códigos de conducta”; por lo que hemos pasado de la tutela de la administración en relación con la prestación del servicio a códigos voluntarios y de conducta. A esta situación se suma el hecho de que una empresa comunitaria, podrá realizar servicios en España o CCAA, si puede realizarlo en su país de origen, y España o CCAA aceptará los documentos que lo acreditan, en forma de copias (no copias compulsadas, ni originales, ni traducciones juradas). El cenit del control y mejora del servicio lo tenemos en que no es necesaria “la autorización previa” para realizar una actividad, se va a poder trabajar (dar un servicio) desde el minuto “cero” mediante dos vías, la “declaración responsable” o la “comunicación (previa/posterior)”.
De otro lado, el legislador comunitario viene a puntualizar (14) que “…La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo, incluidos los períodos máximos de trabajo y períodos mínimos de descanso, la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo…” pero según la ley Omnibus, para realizar un servicio en España o CCAA, no existe obligación de establecerse en el territorio nacional, ni de obtener autorización o inscripción en registro nacional o CCAA, o tener una infraestructura a nivel nacional (oficina o similar); por lo que entiendo que los trabajadores estarán sujetos a la legislación del país de origen, en este sentido me asalta una duda, ¿se podrá dar el caso de que un trabajador español desarrolle su trabajo en España pero se le aplique la legislación laboral de Polonia , por ejemplo, al estar dado de alta allí? Lo dejo en interrogante porque el informe Bolkestein lo dejaba claro (el trabajador estará sometido a la legislación del país de origen), pero en la directiva y en la norma española no esta tan claro.
Eso sí, tendremos “ventanilla única” pero eso complicara la vida de nuestros funcionarios que antes desviaban las reclamaciones o peticiones para que los resolviese el servicio más adecuado y ahora lo tendrán que resolver según toque. A estos les viene también la disyuntiva de que los pasen a la inspección (aunque no tengo muy claro como lo harán) o a seguir moviendo papeles, ahora entre España y el resto de EEMM (estados miembros).
La ley Omnibus ha sido jaleada por los palmeros del régimen y contestada por los Taxistas, echo de menos la opinión de asociaciones de consumidores, sindicatos, de partidos políticos, de los ciudadanos, en relación con una ley que es Omnibus “para todos” pero parece no afectar a nadie, ego exspecto quod is may exsisto ”esperemos que así sea “.