EL ATROPELLO QUE SUPONE EL DESLINDE DE LOS CAUCES PUBLICOS EN LA PROVINCIA

Ante el deslinde que la administración está realizando en ramblas y ríos de la provincia, a los agricultores afectados, no les valen ni sus escrituras, ni títulos de propiedad; la Junta de Andalucía hace prevalecer los resultados de un programa informático, que dice por donde va “lo público”.

Desde Unión Progreso y Democracia aplaudimos la respuesta que las asociaciones profesionales agrarias están dando a la situación en la que quedan ahora cientos pero al final del deslinde miles, de agricultores a los que se les expropian sus terrenos sin que los títulos de propiedad sean tenidos en cuenta; lejos queda ya la denuncia que hicimos, en relación a que las administraciones locales no estaban amparando a los vecinos afectados.

Nos parece oportuno reconocer el derecho que tiene la administración a recuperar aquellas partes de nuestro patrimonio, del patrimonio de todos, que hayan sido usurpadas, en nuestro caso, en las riveras de los ríos; pero no podemos permanecer impasibles cuando se ningunean los derechos de propiedad de miles de agricultores.
Los agricultores están recibiendo las notificaciones de deslinde y tan y aunque como se apunta desde Asaja, no hay información de por qué se toma esta linde y no otra; Jose Luis Raya, coordinador local de Almeria, indica que “la respuesta puede estar en el análisis de deslindes que están en fase más avanzada, por ejemplo la del rio Adra”.

En esta expropiación, según este responsable de UPyD (unión progreso y democracia), el día 19 de Marzo, San Jose, la administración andaluza publica la resolución sobre el deslinde del rio; merced a la cual se informa a los agricultores sobre las alegaciones que en su día hicieron al deslinde inicial (el que están recibiendo ahora cientos de agricultores); estas alegaciones consistían mayoritariamente en escrituras, datos registrales y catastrales, etc…; todos estos documentos establecían, en boca de los “expropiados”, que la administración quería ocupar tierras que son de su propiedad y que por tanto, y si por interés general deben pasar a ser propiedad pública, se debería pagar por ellas un justiprecio. Ante estas aportaciones la administración andaluza , según Jose Luis Raya, viene a decir que “…el Registro de la Propiedad por sí sólo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no garantizando, en consecuencia, la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca…”(es textual); desde UPyD entendemos que puede que esta justificación se ajuste a derecho, pero para que el terreno sea publico la administración utiliza el resultado de un programa informático, llamado HEC-2; y no se contrasten los resultados del mismo con los obrantes en poder de los agricultores, nos parece del todo improcente, según el coordinador de UPyD.

UPyD no entra en que los datos presentados por los agricultores sean correctos o no, pero la nulidad de los mismos por Real Decreto y la sustitución del derecho de la propiedad sustentada en un programa informático que tiene como principal característica para llegar a ser utilizado, el que es americano y de difusión gratuita, no nos parece de recibo.

Unión Progreso y Democracia, insta a las asociaciones profesionales a que tomen cartas en el asunto y defiendan la titularidad, si es propia, de los agricultores afectados; desde esta formación estamos dispuestos a colaborar en aquello que nos pidan, si bien entendemos que la respuesta lo que deben hacer es preguntar a sus técnicos, o a sus asesores que para algo los tendrán, en relación con esta resolución y tras esto coordinar a los agricultores para que defiendan los derechos defendibles o devuelvan a “lo público” aquello de lo que se apropiaron indebidamente.