El día 25 de marzo, Rosa Díez, diputada de Unión progreso y Democracia, UPyD, junto con Álvaro Anchuelo responsable de Economía de la formación, Álvaro Anchuelo, Florentino Felgueroso, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y Miguel Ángel García, profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid postulo sobre las ideas de reforma que UPyD propone para España.
Sin prejuicios ni complejos, nuestra portavoz fue desgranando la reforma que el mercado del trabajo precisa en España, con el triple objetivo de:
- Aumentar la oferta de empleo (reduciendo el desempleo).
- Aumentando la seguridad del trabajo (reduciendo la precariedad).
- Aumentando la productividad (buscando que nuestras empresas sean más eficientes).
La reforma propuesta respeta los derechos adquiridos en los contratos ya existentes, se refiere únicamente a los nuevos contratos que tras ella se firmen.
Solo existirá una única modalidad de contrato, “los contratos indefinidos”, salvo para la sustitución de bajas temporales. Estos contratos tendrían una indemnización por despido inicial de 12 días por año en el primer año y a partir de ahí, irían aumentando en 2 días por año en los años sucesivos, hasta un maximo de 36 días por año. La indemnización inicial es más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (8 días).
La propuesta que hace UPyD, cuenta, además de con los ponentes, con el aval intelectual de 100 de los mejores economistas españoles (incluyendo al Sr. Campa, actual Secretario de Estado de Economía, firmante del Manifiesto en el que se propuso por primera vez)
Esta contratación indefinida puede, a su vez, ser a tiempo completo o parcial. Convendría hacer más atractiva esta segunda modalidad para empresas y trabajadores, pues apenas se usa en España en comparación con otros países
La negociación colectiva ha de reformarse para permitir que se tenga más en cuenta la situación individual de la empresa, sobre todo en el caso de las empresas que atraviesan dificultades severas. Aunque conviene no olvidar que durante la década de crecimiento económico los salarios reales se mantuvieron prácticamente constantes. Los trabajadores no tienen la culpa de la crisis.
La anterior propuesta de un nuevo contrato indefinido único haría innecesarias las bonificaciones a la contratación indefinida. Estas han resultado muy costosas, equivaliendo a cerca de un 0.4% PIB anual, unos 4 000 millones de euros anuales, e ineficaces (pues a menudo priman un contrato indefinido que está sustituyendo a otro indefinido, o a uno que iba a firmarse en cualquier caso…
Es imprescindible mejorar drásticamente las políticas activas de empleo basadas en la formación, una clara y grave deficiencia del mercado de trabajo español. Los recursos liberados por las bonificaciones a la contratación indefinida deberían dedicarse íntegramente a ese fin. Ha de personalizarse la oferta (adaptando los cursos a las necesidades individuales de cada trabajador), concentrar los recursos en los grupos más difícilmente empleables, ampliar la oferta de cursos y ligarlos a la percepción de las prestaciones.
Con el fin de mejorar la intermediación y las recolocaciones que proporcionan los servicios públicos de empleo, es preciso aumentar los recursos de que disponen, evitar que no estén segmentados territorialmente y promover la colaboración privada. Actualmente, ni el 5% de las recolocaciones se producen por esa vía.
Así mismo se propone eliminar la discriminación lingüística, incluyendo la que tiene lugar en la enseñanza, para facilitar la movilidad de las personas. la Unión Europea. No tiene sentido perder en España lo que nosotros ya teníamos y queremos lograr ahora en toda
Otras medidas son necesarias para reducir algunas de las irregularidades y disfunciones del mercado de trabajo español:
- Evitar el fraude y el abuso de la incapacidad laboral incrementando el Control, reforzando los servicios de Inspección del trabajo.
- Penalización de las jubilaciones anticipadas, por el coste que suponen para las arcas públicas.
- Lucha contra el fraude para hacer aflorar el empleo sumergido.
- Para evitar que la ausencia de “red de apoyo familiar” redunde negativamente en el desempleo de la población inmigrante, se creara el “servicio nacional de integración”.
Apunto así mismo que todas estas medidas deberían completarse con:
- La introducción de los cambios necesarios para implantar en España un modelo similar al austriaco, en el que el trabajador no pierde el derecho a las indemnizaciones por despido acumuladas al cambiar de empleo. Éstas se van incorporando en un fondo personal, siendo financiadas mediante cotizaciones empresariales (de un 1.53% del salario bruto mensual) y se las lleva consigo al nuevo empleo (pudiendo utilizarlas cuando esté en paro, para gastos de formación o como parte de su pensión). El actual sistema español no permite que se reasignen trabajadores desde los sectores en declive hacia nuevos sectores, pues los trabajadores indefinidos no quieren cambiar de puesto de trabajo para no perder el derecho a las indemnizaciones por despido acumuladas
- El estudio de la progresiva igualación de los permisos de maternidad y paternidad hasta que sean idénticos
- La realización de los cambios necesarios para introducir en España unos horarios más racionales, semejantes a los del resto de Europa
- Promover el que las empresas adquieran compromisos concretos y cuantificables de mejora de la formación interna, de la organización del trabajo y de la conciliación de la vida familiar.
Por último, UPyD reitera su opinión de que las medidas contra la crisis deberían enmarcarse en un plan global (unos II Pactos de la Moncloa, en los que participasen expertos, partidos políticos y agentes sociales) pues los distintos problemas están interrelacionados. Por ejemplo, los temas tratados en referencia al mercado laboral tienen relación con, como mínimo, con:
- La Educación (incluyendo la Formación Profesional).
- La Justicia.
- El Estado del Bienestar (guarderías, dependencia…).
- El sistema fiscal.
- El sistema de pensiones.
- La política de Inmigración.
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